Reforma tributaria, presupuesto e incentivos fiscales en Panamá.
El Proyecto de Ley 641 reforma el Código Fiscal y exige sustancia económica para que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera de grupos multinacionales conserven su tratamiento fiscal.
El Proyecto de Ley 636 modifica el Código de Procedimiento Tributario y ordena dar acceso público a la información sobre incentivos fiscales en Panamá.
El PL 502 dicta la ley marco del Presupuesto General del Estado y exige que la inversión del Gobierno Central no baje del 20% del gasto primario.
Panamá autoriza un préstamo de hasta US$350 millones del BID para apoyar el presupuesto y un programa de mejoramiento del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
El Consejo de Gabinete autoriza al MEF a constituir avales por hasta US$696.8 millones para garantizar obligaciones de pago de Metro de Panamá.
Desde 1956 hasta 2023, el Código Fiscal panameño ha sido reformado, adicionado y parcialmente derogado por decenas de leyes. La Ley 8 de 2010 es el punto de mayor actividad en esa historia: en menos de cinco meses fue modificada dos veces, y en 2015 la Corte Suprema declaró inconstitucional uno de sus artículos.
El Decreto de Gabinete 252 de 1971 creó el Código de Trabajo vigente. Más de cinco décadas después, ese texto original persiste, pero reformado por leyes sucesivas, depurado por fallos de la Corte Suprema y ampliado para cubrir el teletrabajo y la protección del empleo en pandemia.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó el Anteproyecto de Ley 442, que proponía modificar la Ley 59 de 1999 para establecer plazos perentorios y sanciones a funcionarios que entorpezcan investigaciones de enriquecimiento injustificado.
El Proyecto de Ley 630, antes Anteproyecto 440, propone medidas contra demandas o acciones legales usadas para intimidar, silenciar o agotar recursos de defensores ambientales.
Presentado el 8 de enero de 2026 y prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 27 de enero, el Proyecto de Ley 504 aprobó el primer debate el 8 de abril de 2026. Crea el Listado Público Digital administrado por la ANTAI, obliga a consultarlo antes de adjudicar y adiciona causales de incapacidad para contratar con el Estado.
La Ley 22 de 2006 es el eje legal de la contratación pública en Panamá, un mercado que representa entre el 10 y el 15 % del PIB. Sustituyó a la Ley 56 de 1995, fue reglamentada en cuatro ocasiones por el Ejecutivo, modificada o adicionada por al menos dieciséis leyes entre 2006 y 2024, y recortada por tres fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. En 2025 dos proyectos de ley simultáneos buscan nuevamente reformarla.
La Ley 6 de 1997 estableció el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad en Panamá. A lo largo de 28 años fue modificada once veces, adicionada en diez ocasiones, reglamentada por seis decretos ejecutivos y limitada por un fallo de la Corte Suprema de 2015. Este recorrido explica cómo se construyó —y sigue construyéndose— el andamiaje legal de la electricidad panameña.
La Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez de Massiah, aprobó el 19 de enero de 2026 el pliego tarifario del servicio público de transmisión de electricidad de ETESA para el periodo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2029, publicado en la Gaceta Oficial 30454 el 29 de enero de 2026.
El Proyecto de Ley 301 propone legalizar los hospedajes turísticos de corta estancia en Panamá, donde actualmente operan de forma extralegal, sujetándolos al ITBMS del diez por ciento, al Impuesto Sobre la Renta y al Registro Nacional de Turismo.
El Consejo de Gabinete aprobó el 10 de junio de 2025 la Resolución No. 58, publicada en la Gaceta Oficial 30298-A el 11 de junio de 2025, que adiciona el numeral 22 a la Resolución de Gabinete 60 de 2015 para autorizar aportes adicionales del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) por hasta B/.170 millones, con el fin de evitar un alza brusca en las facturas eléctricas de los clientes finales entre julio y diciembre de 2025.
El Ministerio de Salud presentó el Proyecto de Ley 163 el 6 de noviembre de 2024. Con 526 páginas y aprobación en tercer debate el 13 de marzo de 2025, el texto modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley 51 de 2005 para crear el Sistema Compuesto con Subsistema Mixto reformado, pensión básica universal no contributiva y nuevo régimen de cotizaciones.
En fallo unánime de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia que ordenó el reintegro de un trabajador con discapacidad motora, precisando que la negativa empresarial ante la certificación de aptitud de la Caja de Seguro Social configura despido tácito y viola el fuero de la Ley 42 de 1999.
La Asamblea Nacional promulgó la Ley 445 el 28 de octubre de 2024, que reforma la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y establece límites anuales de déficit, un ancla de deuda del 40 % del PIB y un Consejo Fiscal con autonomía técnica.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 143 de 29 de septiembre de 2006, que adopta el Texto Único de la Ley 26 de 1996 sobre el Ente Regulador de los Servicios Públicos. La demanda sostenía que la protección cautelar otorgada a los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones vulneraba el principio de igualdad ante la ley respecto a los medios de comunicación escrita y digital.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra varias frases del párrafo primero del artículo 3 de la Ley No. 280 de 30 de diciembre de 2021, que regula el ejercicio de la profesión de contador público autorizado (CPA). El tribunal, con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, determinó el 5 de septiembre de 2022 que el accionante no expuso con claridad el concepto de la infracción constitucional, requisito indispensable del artículo 2560 del Código Judicial.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia inadmitió en julio de 2022 una demanda contencioso-administrativa interpuesta por la DGI contra el Tribunal Administrativo Tributario, estableciendo que la autoridad tributaria no puede acudir a esa vía para revertir decisiones de su propio organismo de alzada.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales las frases contenidas en los artículos 145 y 146 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que facultan al Ente Regulador de los Servicios Públicos —hoy ASEP— para imponer sanciones a los prestadores del servicio de electricidad. La sentencia, del 13 de agosto de 2012, resolvió que la separación entre la función de instrucción y la función decisora satisface la garantía del debido proceso.