El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas condiciona los beneficios fiscales a una actividad económica real en el país, en línea con los estándares internacionales.
El Proyecto de Ley 636 modifica el Código de Procedimiento Tributario y ordena dar acceso público a la información sobre incentivos fiscales en Panamá.
El PL 502 dicta la ley marco del Presupuesto General del Estado y exige que la inversión del Gobierno Central no baje del 20% del gasto primario.
Una Resolución SBP autoriza el traspaso de los negocios bancarios de Scotiabank en Panamá a Banco Davivienda (Panamá), bajo los términos de la transacción propuesta.
Panamá autoriza un préstamo de hasta US$350 millones del BID para apoyar el presupuesto y un programa de mejoramiento del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
Dos resoluciones autorizan concesiones administrativas por 20 años para instalar y operar los cables submarinos CSN-1 y Trans Caribbean Fiber en Panamá.
El Consejo de Gabinete aprueba contrataciones transitorias con APMT y TIL para la continuidad de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El Consejo de Gabinete autoriza adendas y un finiquito de concesiones de telecomunicaciones en razón de la concentración económica entre Claro Panamá y Cable & Wireless Panamá.
El Consejo de Gabinete aprueba la contratación de AECOM para la asesoría de ingeniería del tramo Albrook–Sajalices y la factibilidad del tren Panamá–David–Frontera.
La SBP otorgó un permiso temporal a Banco BISA para encaminar su licencia internacional y una licencia de representación a Mercantil Bank (Schweiz).
El Acuerdo 1-2026 de la SBP previene el uso indebido de servicios bancarios y fiduciarios, en línea con un fortalecimiento del marco prudencial.
El Consejo de Gabinete autoriza al MEF a constituir avales por hasta US$696.8 millones para garantizar obligaciones de pago de Metro de Panamá.
Desde 1956 hasta 2023, el Código Fiscal panameño ha sido reformado, adicionado y parcialmente derogado por decenas de leyes. La Ley 8 de 2010 es el punto de mayor actividad en esa historia: en menos de cinco meses fue modificada dos veces, y en 2015 la Corte Suprema declaró inconstitucional uno de sus artículos.
El Decreto de Gabinete 252 de 1971 creó el Código de Trabajo vigente. Más de cinco décadas después, ese texto original persiste, pero reformado por leyes sucesivas, depurado por fallos de la Corte Suprema y ampliado para cubrir el teletrabajo y la protección del empleo en pandemia.
El régimen bancario panameño se asienta sobre tres capas normativas: el decreto fundacional de 1970, la refundación de 1998 que creó la Superintendencia de Bancos, y la gran reforma de 2008 que modernizó su gobernanza, con un fallo de inconstitucionalidad que depuró artículos clave en 2014.
La Asamblea Nacional aprobó en Tercer Debate el 30 de abril de 2026 el Proyecto de Ley 385, que establece el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial 'Paraísos del Istmo'. Inspirado en el modelo mexicano 'Pueblos Mágicos', el texto fue enviado al Órgano Ejecutivo el 8 de mayo de 2026 para su promulgación o eventual veto.
El Proyecto de Ley 639, presentado por el Ministerio de la Presidencia, solicita concepto favorable de la Asamblea Nacional para suscribir una adenda al contrato original de 1998 con la Fundación Ciudad del Saber, prorrogando su régimen fiscal especial desde el 13 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó el Anteproyecto de Ley 442, que proponía modificar la Ley 59 de 1999 para establecer plazos perentorios y sanciones a funcionarios que entorpezcan investigaciones de enriquecimiento injustificado.
El diputado Jhonathan Edir Vega del Circuito 4-5 y nueve coproponentes presentaron en febrero de 2026 el Proyecto de Ley 554, una reforma integral al régimen de propiedad horizontal que responde a denuncias de obras abandonadas en residenciales de propiedad horizontal. La norma complementa la Ley 284 de 2022 y crea un régimen de responsabilidad agravada, solidaria y objetiva.
La Comisión de Economía y Finanzas impulsa un Sistema Nacional de Integración Logística, Marítima y Portuaria coordinado por la Autoridad Marítima de Panamá, con la Ventanilla Única Marítima (VUMPA) como herramienta central.
El Proyecto de Ley 630, antes Anteproyecto 440, propone medidas contra demandas o acciones legales usadas para intimidar, silenciar o agotar recursos de defensores ambientales.
El H.D. Víctor de Jesús Castillo Cortez presentó el 27 de abril de 2026 un anteproyecto que regula las campañas públicas de recaudación de donaciones, protege a los donantes y adiciona al Código Penal un nuevo tipo delictivo para sancionar a quienes obtengan fondos mediante engaño solidario.
El Proyecto de Ley 638, presentado por el H.D. Marcos Castillero Barahona y prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, propone que los establecimientos comerciales entreguen bolsas reutilizables o alternativas ambientalmente amigables sin trasladar ningún costo al consumidor, directo ni indirecto.
El Proyecto de Ley 331, que crearía el marco regulatorio del turismo deportivo en Panamá con PANDEPORTE y la ATP como ejecutores, fue devuelto al Legislativo mediante la Nota 210-2026-AL tras cuestionamientos sobre competencias institucionales, el Fondo Nacional propuesto y la autonomía municipal.
La Ley 32 de 2011 unificó en un solo cuerpo legal el régimen especial, integral y simplificado para la creación y operación de zonas francas en Panamá, derogando la Ley 25 de 1992 y su decreto reglamentario. Desde entonces fue reglamentada en tres ocasiones por el Ministerio de Comercio e Industrias, modificada por leyes de aeropuertos, impuesto de inmuebles y administración tributaria, y sigue siendo el telón de fondo de proyectos que proponen regímenes especiales paralelos.
La Asamblea Nacional tiene pendiente de primer debate dos proyectos presentados el 23 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores que formalizarían la adhesión de Panamá a los dos pilares del sistema internacional de mediciones.
La diputada Alexandra Brenes Samaniego, del Circuito 8-2, lidera una reforma a la Ley 41 del 20 de julio de 2004 que busca profesionalizar la conducción del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. El proyecto, aprobado en Primer Debate el 21 de abril de 2026 con seis votos a favor y ninguno en contra en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, está pendiente de Segundo Debate.
La diputada Lilia Batista Rodríguez presentó el 21 de abril de 2026 un anteproyecto que establece coberturas mínimas de seguro, responsabilidad solidaria del conductor, propietario y empresa, y retención preventiva del vehículo hasta que se consigne el 125 % del monto estimado de los daños.
Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional el 21 de abril de 2026 busca llenar el vacío legal que enfrentan quienes trabajan para plataformas digitales de entrega, mensajería y transporte selectivo en Panamá, reconociéndolos como categoría especial de trabajador independiente.
El Proyecto de Ley 413, que proponía regular el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en Panamá bajo supervisión de SENACYT, fue negado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes el 15 de abril de 2026 y presentado al pleno el 21 de abril sin prosperar.
Presentado el 8 de enero de 2026 y prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 27 de enero, el Proyecto de Ley 504 aprobó el primer debate el 8 de abril de 2026. Crea el Listado Público Digital administrado por la ANTAI, obliga a consultarlo antes de adjudicar y adiciona causales de incapacidad para contratar con el Estado.
El Decreto Ejecutivo 6 de 13 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial 30502-A, reglamenta la Ley 497 de 13 de noviembre de 2025 y define la estructura operativa de PROPANAMÁ, la nueva oficina adscrita al Despacho del Ministro de Comercio e Industrias responsable de atraer inversión extranjera directa y promover exportaciones panameñas.
El Proyecto de Ley 308 propone que ciudadanos sin techo propio puedan generar energía solar desde un sitio distinto al de su consumo y recibir créditos en su factura eléctrica, sujeto a la reglamentación que la ASEP deberá emitir en doce meses.
La Ley 22 de 2006 es el eje legal de la contratación pública en Panamá, un mercado que representa entre el 10 y el 15 % del PIB. Sustituyó a la Ley 56 de 1995, fue reglamentada en cuatro ocasiones por el Ejecutivo, modificada o adicionada por al menos dieciséis leyes entre 2006 y 2024, y recortada por tres fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. En 2025 dos proyectos de ley simultáneos buscan nuevamente reformarla.
La Ley 6 de 1997 estableció el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad en Panamá. A lo largo de 28 años fue modificada once veces, adicionada en diez ocasiones, reglamentada por seis decretos ejecutivos y limitada por un fallo de la Corte Suprema de 2015. Este recorrido explica cómo se construyó —y sigue construyéndose— el andamiaje legal de la electricidad panameña.
El Proyecto de Ley 455 modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 para reconocer el autoconsumo fotovoltaico como derecho de los usuarios finales regulados, con créditos energéticos en factura, silencio administrativo positivo y prohibición de barreras arbitrarias por parte de las distribuidoras.
La Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez de Massiah, aprobó el 19 de enero de 2026 el pliego tarifario del servicio público de transmisión de electricidad de ETESA para el periodo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2029, publicado en la Gaceta Oficial 30454 el 29 de enero de 2026.
El Proyecto de Ley 301 propone legalizar los hospedajes turísticos de corta estancia en Panamá, donde actualmente operan de forma extralegal, sujetándolos al ITBMS del diez por ciento, al Impuesto Sobre la Renta y al Registro Nacional de Turismo.
Aprobado el 16 de septiembre de 2025 con nueve co-patrocinadores, el PL 53 reformaba la Ley 68 de 2016 para otorgar un descuento progresivo del 25 % en la renovación del SOAT a quienes mantuvieran récord cero de accidentes. El veto integral del Ejecutivo argumenta conflicto con el principio de mutualidad del seguro y con la autonomía de la Superintendencia de Seguros.
El Consejo de Gabinete aprobó el 10 de junio de 2025 la Resolución No. 58, publicada en la Gaceta Oficial 30298-A el 11 de junio de 2025, que adiciona el numeral 22 a la Resolución de Gabinete 60 de 2015 para autorizar aportes adicionales del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) por hasta B/.170 millones, con el fin de evitar un alza brusca en las facturas eléctricas de los clientes finales entre julio y diciembre de 2025.
El Ministerio de Salud presentó el Proyecto de Ley 163 el 6 de noviembre de 2024. Con 526 páginas y aprobación en tercer debate el 13 de marzo de 2025, el texto modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley 51 de 2005 para crear el Sistema Compuesto con Subsistema Mixto reformado, pensión básica universal no contributiva y nuevo régimen de cotizaciones.
Veinte diputados de las bancadas caribeña y atlántica presentaron en enero de 2025 el Proyecto de Ley 217 para convertir el estratégico distrito de Almirante en un Área Económica Multimodal. La propuesta crea una entidad autónoma, establece un régimen fiscal y aduanero especial y ubica en el corazón del modelo logístico al aeropuerto de Changuinola y el puerto bananero-turístico de Almirante.
En fallo unánime de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia que ordenó el reintegro de un trabajador con discapacidad motora, precisando que la negativa empresarial ante la certificación de aptitud de la Caja de Seguro Social configura despido tácito y viola el fuero de la Ley 42 de 1999.
La Asamblea Nacional promulgó la Ley 445 el 28 de octubre de 2024, que reforma la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y establece límites anuales de déficit, un ancla de deuda del 40 % del PIB y un Consejo Fiscal con autonomía técnica.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 143 de 29 de septiembre de 2006, que adopta el Texto Único de la Ley 26 de 1996 sobre el Ente Regulador de los Servicios Públicos. La demanda sostenía que la protección cautelar otorgada a los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones vulneraba el principio de igualdad ante la ley respecto a los medios de comunicación escrita y digital.
En sentencia unánime del 6 de marzo de 2024, la Sala Tercera de la Corte Suprema declaró que no es ilegal la Resolución SBP-0016-2018 que impuso multas a una entidad bancaria de licencia general, consolidando el principio de que las obligaciones del régimen de prevención de blanqueo son de cumplimiento continuo y no subsanables retroactivamente.
La Corte Suprema de Justicia, en Pleno, declaró cosa juzgada constitucional respecto a la Ley N°406 de 2023 que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A., al constatar que el mismo tribunal ya había declarado su inconstitucionalidad semanas antes.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es ilegal la Resolución SBP-0041-2021, mediante la cual la Superintendencia de Bancos de Panamá sancionó a una entidad bancaria de licencia general con multas que, tras recursos internos, quedaron fijadas en B/.288,000 por violaciones al régimen de prevención de blanqueo de capitales y B/.162,000 por infracción al régimen bancario.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra varias frases del párrafo primero del artículo 3 de la Ley No. 280 de 30 de diciembre de 2021, que regula el ejercicio de la profesión de contador público autorizado (CPA). El tribunal, con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, determinó el 5 de septiembre de 2022 que el accionante no expuso con claridad el concepto de la infracción constitucional, requisito indispensable del artículo 2560 del Código Judicial.
En fallo del 5 de julio de 2022, la Sala Tercera de la Corte Suprema declaró legal una resolución de ACODECO que sancionó a un agente económico del sector automotriz con una multa de dos mil balboas por infracción a la Ley 45 de 2007, consolidando que no se requiere un proceso investigativo paralelo para sancionar una vez comprobada la falta al consumidor.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia inadmitió en julio de 2022 una demanda contencioso-administrativa interpuesta por la DGI contra el Tribunal Administrativo Tributario, estableciendo que la autoridad tributaria no puede acudir a esa vía para revertir decisiones de su propio organismo de alzada.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema declaró que no es ilegal el Contrato de Concesión Permanente de Agua No. 004-12 de 2012, suscrito entre la entonces Autoridad Nacional del Ambiente y una sociedad concesionaria para un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Chiriquí.
El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó el marco regulatorio del Reporte País por País (CbCR) conforme al estándar BEPS Acción 13 de la OCDE, con vigencia desde el 27 de mayo de 2019 y primera exigencia aplicable al período fiscal 2018.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales las frases contenidas en los artículos 145 y 146 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que facultan al Ente Regulador de los Servicios Públicos —hoy ASEP— para imponer sanciones a los prestadores del servicio de electricidad. La sentencia, del 13 de agosto de 2012, resolvió que la separación entre la función de instrucción y la función decisora satisface la garantía del debido proceso.