La Asamblea Nacional recibió el 27 de abril de 2026 el Anteproyecto de Ley N.° 456, presentado por el diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez del Circuito 3-1. La iniciativa propone regular las campañas públicas de recaudación de donaciones solidarias —incluyendo las realizadas a través de medios digitales— y tipificar en el Código Penal el denominado 'fraude mediante engaño solidario', una figura que hasta ahora carece de tratamiento específico en la legislación panameña. El texto fue remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde permanece en etapa preliminar, pendiente de ser prohijado.

La exposición de motivos del anteproyecto reconoce la solidaridad pública como un bien jurídico colectivo y señala que, en los últimos años, se han registrado múltiples casos en los que personas han utilizado el engaño, la simulación de enfermedades, la manipulación emocional y el uso indebido de campañas públicas para obtener beneficios económicos ilícitos, desviando fondos entregados de buena fe por la ciudadanía. El documento destaca que el Código Penal panameño contempla la estafa de forma general, pero la ausencia de regulación específica sobre campañas solidarias dificulta la investigación y sanción efectiva de estas conductas, generando impunidad y debilitando la confianza social.

Para atender esa brecha normativa, el anteproyecto anuncia el establecimiento de mecanismos de prevención, transparencia y fiscalización aplicables a las campañas de recaudación de donaciones. Las medidas, según la exposición de motivos, buscan garantizar que los fondos recaudados lleguen efectivamente a quienes los necesitan, y que los donantes cuenten con información veraz sobre el destino de sus contribuciones. El documento enmarca la iniciativa como un fortalecimiento de la solidaridad ciudadana mediante reglas claras, y no como una limitación a la práctica solidaria.

En el plano penal, la propuesta anuncia adiciones al Código Penal para sancionar el 'fraude mediante engaño solidario', diferenciándolo de la estafa genérica vigente. La lógica del proponente es que la explotación deliberada de la buena fe ciudadana en contextos humanitarios o de emergencia social merece un tipo delictivo autónomo que facilite la investigación y permita sanciones proporcionales al daño causado sobre la confianza colectiva.

El anteproyecto 456 se encuentra en la fase más temprana del proceso legislativo panameño —etapa preliminar, pendiente de prohijamiento— y no ha recibido fecha de primer debate. Para convertirse en ley, deberá pasar por tres debates en la Asamblea Nacional, incluyendo la revisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. La iniciativa no afecta las donaciones privadas entre particulares, sino las campañas de carácter público en las que se apela a la ciudadanía en general.